En un estado como Sinaloa, donde los problemas estructurales suelen acumularse como polvo debajo de la alfombra —inseguridad, crisis económica, carencia de agua, rezagos educativos—, el Congreso local decidió, al cierre de su periodo ordinario, enfocarse en lo verdaderamente “urgente”: el uso del uniforme neutro en las escuelas. Un tema que, con todo y sus méritos en el debate sobre inclusión y derechos, fue llevado a un plano de confrontación política y mediática que desdibujó por completo su sentido original.
La iniciativa, presentada por el diputado de Morena, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, proponía permitir que niñas y niños pudieran elegir entre falda o pantalón como parte del uniforme escolar. Una propuesta inspirada, seguramente, en experiencias previas como la de la Ciudad de México, donde desde hace años se adoptó el uniforme neutro sin mayores tragedias. Pero aquí, el asunto encendió alarmas.
La reacción fue inmediata y bastante previsible: asociaciones como Vía Familia y el Frente Nacional de la Asociación de Padres de Familia, con apoyo del PAN, calificaron la propuesta como una amenaza a los valores tradicionales y advirtieron —ni más ni menos— con tomar las instalaciones del Congreso si se le daba trámite. Lo que pudo ser un ejercicio de deliberación responsable y apertura democrática, derivó rápidamente en un campo minado ideológico, donde las posturas se radicalizaron y el diálogo se volvió prácticamente imposible.
En medio de esta crispación, la Junta de Coordinación Política decidió frenar la iniciativa y enviarla al proceso de Parlamento Abierto. Traducido al lenguaje político local: será enfriada en el cajón de los temas polémicos hasta que las aguas se calmen o hasta que el tema deje de dar clics. La herramienta del Parlamento Abierto, diseñada para enriquecer el debate y ampliar la participación ciudadana, ha sido usada aquí más como válvula de escape que como mecanismo auténtico de deliberación.
La diputada panista Roxana Rubio, por su parte, decidió elevar el tono del debate con un gesto que buscó ser audaz, pero terminó rayando en lo superficial: invitó públicamente al diputado Guerrero a asistir con falda al Congreso. Más que una crítica de fondo, fue una forma de ridiculizar el tema, reduciendo una discusión legítima sobre identidad y expresión personal a una anécdota de pasillo.
Porque en Sinaloa, como en buena parte del país, el debate público todavía tiene serias dificultades para procesar temas relacionados con la diversidad, la igualdad de género o los derechos de las infancias sin caer en alarmismos, desinformación o francas campañas de odio.
Lo más preocupante es que esta discusión se dio justo en la recta final del segundo periodo ordinario del Congreso local, que cerró actividades el ayer y entrará en receso hasta el 30 de septiembre. Una pausa larga, más que suficiente para dejar en el olvido este y otros temas pendientes. Porque, hay que decirlo, el uniforme neutro puede parecer un asunto menor en comparación con la larga lista de urgencias sociales que tiene el estado, pero lo cierto es que refleja con nitidez el tipo de prioridades —o distracciones— que dominan la escena legislativa.
Eso sí, antes de que cada diputada y diputado saliera por la puerta rumbo al receso, la presidenta de la Jucopo, la diputada Tere Guerra, lanzó una advertencia digna de tomarse en serio —aunque algunos la tomaran con sonrisa de lado—: llamó a sus compañeros a recordar la austeridad y evitar caer en frivolidades durante las vacaciones. No fuera a ser que alguien terminara siendo exhibido, como ya ocurrió con sus homónimos federales que se pasean por Europa o Japón, mientras en sus estados las necesidades son tan evidentes como sus selfies de aeropuerto.
Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad que sigue sin resolverse de fondo, una crisis hídrica que amenaza la producción agrícola y el acceso al agua potable, una economía local golpeada por el cierre de negocios y la informalidad creciente, y un sistema educativo que lidia con rezagos estructurales. Sin embargo, en el balance legislativo, lo que logró acaparar titulares fue una propuesta sobre uniformes escolares.
Este episodio deja lecciones importantes. La primera: hay temas que, por su carga simbólica y cultural, requieren un manejo político más fino y una pedagogía pública que los explique y los ubique en su justa dimensión. La segunda: la polarización y el oportunismo político siguen siendo moneda corriente en el Congreso local, donde no pocos legisladores prefieren el ruido de redes sociales que el trabajo silencioso pero efectivo en comisiones. Y la tercera: los mecanismos de participación ciudadana, como el Parlamento Abierto, deben usarse para fortalecer el debate, no para postergar decisiones impopulares.
En tiempos donde el discurso de inclusión avanza en muchos frentes —al menos en el papel—, resulta sintomático que una medida que busca simplemente ampliar la libertad de elección de las y los estudiantes genere semejante resistencia. Pero quizá esa sea la señal más clara de cuánto trabajo falta por hacer en Sinaloa en términos de cultura democrática.
Los legisladores ya están de vacaciones. Se van con tareas pendientes, temas congelados y debates inconclusos. El uniforme neutro se quedó en la orilla, entre gritos de “defensa de la familia” y burlas parlamentarias. Y mientras tanto, los verdaderos desafíos del estado siguen esperando su turno.
