Gerardo Octavio Vargas Landeros volverá —al menos por unas horas o unos días— al Palacio Municipal de Ahome. Un juez federal le concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que promovió contra la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, en mayo pasado. Con ello, la resolución legislativa que ordenó su separación del cargo queda sin efecto… por ahora.
Desde el primer vistazo, la noticia tiene tintes de triunfo judicial: el exalcalde vuelve al cargo del que fue removido, podrá cobrar su sueldo, ejercer funciones, tener acceso a herramientas administrativas y retomar, en teoría, el control del gobierno municipal. Todo, gracias a una resolución que cuestiona la constitucionalidad de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado y 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero, si se mira con más detalle, se trata de una victoria pírrica. Un triunfo aparente, que en realidad esconde una derrota inminente.
¿Por qué? Porque la suspensión definitiva sólo tiene efectos sobre el Congreso del Estado de Sinaloa, que fue quien ejecutó la declaratoria de procedencia. No aplica —y esto es clave— para las decisiones del juez de control local, quien ya vinculó a proceso penal a Vargas Landeros con base en la carpeta FGE/FECC/09/2024/CI. En otras palabras, el regreso del morenista al poder municipal es tan endeble como efímero. Es, literalmente, un chorro de agua del que intenta asirse mientras el vendaval jurídico lo arrastra.
Hay que recordarlo con precisión: el artículo 128 de la Ley de Amparo es tajante cuando señala que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares dictadas por autoridad judicial, entre ellas la separación del cargo como técnica para garantizar la investigación penal. Así que la película de Vargas parece tener un desenlace ya escrito: volverá a ser removido, ahora por decisión del Poder Judicial, no del Legislativo.
Es decir, si bien logró frenar momentáneamente una embestida del Congreso, no podrá eludir la otra batalla: la que libra ante un juez de control que, en cualquier momento, puede volver a imponerle como medida cautelar la suspensión del cargo, con todos los fundamentos legales y sin que proceda amparo alguno. Esa escena ya la conocemos: la suspensión como estrategia jurídica suele rendir frutos en el corto plazo, pero no cambia el fondo de los procesos.
Y por si lo anterior fuera poco, hay otro dato que enturbia más el supuesto triunfo: el juicio de amparo fue promovido en un juzgado federal de Zacatecas. Sí, Zacatecas. No Sinaloa, no Ahome. El equipo jurídico de Vargas acudió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas con el expediente 1832/2025, lo que plantea serios cuestionamientos de competencia territorial.
La Ley de Amparo, en su artículo 37, establece con claridad meridiana que el juez competente es aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecutó o se ejecuta el acto reclamado. En este caso, el Congreso de Sinaloa aprobó la declaratoria de procedencia en Culiacán, y la medida afectó el ejercicio del cargo en Ahome. Entonces, ¿qué hace Zacatecas en todo esto? ¿Por qué se acudió a otro estado, sin relación alguna con los hechos? ¿Se buscaba un juez más “comprensivo”, una interpretación a modo, o simplemente fue una estrategia desesperada?
La pregunta es legítima y la respuesta, aunque no explícita, resulta evidente: el equipo legal de Vargas Landeros está tirando manotazos al vacío, en un intento por sostener lo insostenible. Peor aún: si el exalcalde no está al tanto de la fragilidad de su “triunfo”, es probable que sus abogados le estén vendiendo una ilusión jurídica. Porque lo que parece una puerta abierta hacia la restitución definitiva, en realidad es una antesala a una nueva y —esta vez— irreversible suspensión.
Mientras tanto, en Ahome, la incertidumbre reina. ¿Regresará Vargas Landeros al edificio municipal con banda y discurso? ¿Le entregará el cargo Antonio Menéndez, quien fue designado como presidente municipal sustituto? ¿Lo acompañarán sus simpatizantes como si se tratara de una victoria política? Las formas importan, pero el fondo es otro: el poder político y el poder judicial van por caminos distintos, y la justicia no se resuelve en conferencias de prensa ni en arengas frente a simpatizantes, sino en tribunales.
Este episodio, más allá del caso concreto, revela el delicado equilibrio entre el combate a la corrupción y el respeto al estado de derecho. Nadie puede ser condenado sin pruebas ni procedimientos adecuados, pero tampoco se puede utilizar el sistema legal como escudo para evadir responsabilidades. La ley debe ser garante de derechos, no refugio de impunidades.
La historia de Gerardo Vargas está lejos de cerrarse. Su regreso, si ocurre, será fugaz. Y su permanencia en el cargo, un espejismo. Porque cuando el andamiaje jurídico se sustenta en decisiones fuera de jurisdicción y en interpretaciones rebuscadas de la ley, el desenlace suele ser el mismo: una caída sin red.
Al final, la única certeza es que la justicia tarda, pero llega. Y cuando llegue, ni suspensiones ni recursos en otros estados evitarán el cumplimiento de la ley. Que no se diga que no se advirtió.
