Con el propósito de fortalecer la atención integral en salud mental, garantizar una mayor protección de los derechos de las personas usuarias y actualizar el marco jurídico conforme a las necesidades actuales de la población, el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Salud que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa.
El dictamen reúne diversas iniciativas presentadas en distintas Legislaturas y por integrantes de diferentes grupos parlamentarios, las cuales coinciden en consolidar una política pública de salud mental con enfoque de derechos humanos, atención comunitaria, prevención y acceso oportuno a servicios especializados.
Entre las reformas aprobadas se establece el fortalecimiento de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, garantizando una atención brindada por equipos multidisciplinarios, el acceso a información clara sobre diagnósticos y tratamientos, así como programas de educación, capacitación y rehabilitación que favorezcan su integración familiar, educativa, social y laboral.
Asimismo, se incorporan disposiciones para garantizar que las y los profesionales que presten servicios en materia de salud mental cuenten con la formación académica, certificaciones y actualización profesional necesarias para realizar evaluaciones, diagnósticos, tratamientos y emitir dictámenes especializados, con el fin de ofrecer una atención de calidad y con sustento científico.
El nuevo marco normativo también fortalece las obligaciones de las autoridades sanitarias para implementar mecanismos de atención psicológica y programas especializados durante contingencias, emergencias sanitarias, desastres naturales o situaciones de violencia que afecten el bienestar emocional de la población, privilegiando la continuidad de los servicios y la atención oportuna de los grupos en situación de vulnerabilidad.
De igual manera, las reformas impulsan acciones permanentes de promoción, prevención y atención de la salud mental, fomentan entornos escolares saludables, la igualdad en el acceso a los servicios, el respeto a la dignidad de las personas usuarias y una mayor coordinación institucional para atender los trastornos mentales y del comportamiento.
Con la aprobación de este dictamen, el Congreso del Estado fortalece el marco jurídico en materia de salud mental, promoviendo una atención más accesible, integral, profesional y centrada en la protección de los derechos humanos de todas las personas.
