En tiempos en que la desinformación puede viralizarse en segundos y las acusaciones se esgrimen como herramientas de presión mediática, vale la pena detenernos a reflexionar con seriedad sobre quiénes representan legítimamente las causas sociales y quiénes se aprovechan de ellas para obtener visibilidad o beneficio político.
Tal es el caso que recientemente ha cobrado notoriedad en Sinaloa, a raíz de las acusaciones que la activista Yesenia Rojo Carrizoza lanzó contra el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el profesor Óscar Loza Ochoa. Lo señaló de haberla amenazado, en lo que parece más una estrategia de escándalo que una denuncia formal con sustento. Detrás de sus palabras hay más espectáculo que pruebas. Y eso, cuando se trata de derechos humanos, no se puede tomar a la ligera.
El profesor Loza Ochoa es, guste o no, una de las figuras más respetadas en la historia reciente de la defensa de los derechos humanos en Sinaloa. Su trayectoria lo respalda: más de cinco décadas dedicadas a visibilizar las injusticias, a acompañar víctimas, a construir instituciones desde la sociedad civil cuando aún no existían organismos públicos defensores de derechos. Fue fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad mucho antes de que los derechos humanos se convirtieran en una bandera de moda. Ha sido diputado, regidor, académico y, sobre todo, activista. Es, por decirlo claro, una conciencia crítica que ha resistido gobiernos de todos los colores sin doblegar sus principios.
Frente a eso, las acusaciones de Yesenia Rojo lucen endebles. Más aún, cargadas de oportunismo. Su activismo reciente al frente del colectivo Guerreros Azules A.C., que se dice defensor de los derechos de policías, ha derivado más en confrontaciones públicas que en propuestas sustantivas. Es importante decirlo sin rodeos: defender los derechos de los cuerpos policiales es una causa legítima y necesaria, sobre todo ante los múltiples abusos que muchos agentes han sufrido por parte del propio sistema. Pero usar esa bandera para hacerse publicidad personal y promover aspiraciones políticas es otra cosa muy distinta.
Basta recordar aquel episodio en que Yesenia Rojo, visiblemente molesta, irrumpió en espacios de Morena tras no ser favorecida con una regiduría para su esposo —ex policía— en el Ayuntamiento de Culiacán. No era una inconformidad basada en principios, sino un reclamo de cuotas y beneficios. El berrinche político de entonces es el antecedente directo del protagonismo mediático de ahora.
En este contexto, acusar al profesor Loza de amenazas sin pruebas concretas, resulta irresponsable. La estrategia parece clara: victimizarse, agitar redes sociales, convocar conferencias y, desde ahí, presionar para obtener atención y espacios. No es nuevo. Y lo más lamentable es que, en el camino, se pone en duda el trabajo de una institución como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hoy, por primera vez en muchos años, tiene un titular con verdadera legitimidad social.
El “estilo” de Yesenia Rojo no es un detalle menor. Su cabello teñido de rojo no solo es una elección estética, sino una estrategia de visibilidad. Ella misma lo ha dicho: lo hace para que “no se le olvide a nadie quién es”. Lo que podría ser una anécdota trivial, adquiere sentido cuando observamos que todo en su activismo gira alrededor de su figura personal. En lugar de poner al centro a las víctimas, las causas o las reformas institucionales, el relato siempre regresa a ella, a su presencia, a su voz, a su protagonismo.
Lo que está en juego aquí no es una disputa personal, sino el futuro de los derechos humanos en Sinaloa. Y ante eso, es necesario defender con firmeza la figura del profesor Óscar Loza Ochoa. No porque sea intocable ni infalible —nadie lo es—, sino porque representa un perfil que combina autoridad moral, experiencia comprobada y compromiso genuino. Su regreso a la presidencia de la CEDH no es un capricho político, sino una necesidad institucional ante los graves desafíos que enfrenta la entidad: desapariciones forzadas, violencia contra mujeres, abuso de poder, desplazamientos forzados, represión militar. Temas que requieren más trabajo de campo y menos reflectores.
Sí, hay muchas cosas por mejorar en la defensoría de derechos humanos. Pero intentar dinamitar la credibilidad de su titular desde el espectáculo mediático, no ayuda a nadie. Mucho menos cuando las acusaciones parecen más un intento de acoso político que una búsqueda de justicia.
Defender los derechos de los policías es una causa válida. Pero lucrar con esa causa, politizarla y usarla como trampolín personal, es una forma de traición a quienes realmente necesitan protección. En lugar de atacar sin pruebas, los colectivos deberían sumar propuestas, construir puentes, exigir con argumentos y no con gritos. En democracia, la crítica es legítima. La manipulación, no.
Hoy más que nunca, Sinaloa necesita una defensoría autónoma, profesional y con credibilidad. Y eso lo representa el profesor Loza. Su vida es su aval. Sus hechos, su escudo. Y ante campañas de difamación disfrazadas de activismo, lo mínimo que merece es respeto. Lo demás, se cae por su propio peso.
