En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes; Justicia; Puntos Constitucionales y Gobernación; e Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión del Congreso del Estado, diputadas y diputados aprobaron por unanimidad un dictamen que reforma y adiciona diversas leyes estatales para fortalecer los mecanismos de prevención, sanción y cumplimiento de las obligaciones alimentarias, con el objetivo de garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes de la entidad.
Entre los principales cambios aprobados destaca que las personas inscritas como deudoras alimentarias morosas no podrán acceder a candidaturas para cargos de elección popular, desempeñarse en determinados cargos públicos o realizar algunos trámites oficiales sin presentar el certificado correspondiente de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La reunión estuvo presidida por la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, quien solicitó al secretario técnico de este órgano legislativo presentar los alcances de la propuesta.
Durante la exposición del dictamen se informó que las reformas contemplan modificaciones al Código Penal, Código Familiar, Ley de Gobierno Municipal, Ley del Notariado, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras disposiciones estatales relacionadas con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Asimismo, se establecen mecanismos para que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado concentre, actualice y suministre la información relacionada con el incumplimiento de obligaciones alimentarias, además de precisar los datos que deberán integrarse al registro nacional.
También se fortalecen las sanciones contra quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias o intenten colocarse en estado de insolvencia para evitar esa responsabilidad.
Durante la discusión del proyecto, el diputado Jorge Antonio González Flores, vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, propuso incorporar lenguaje incluyente en el artículo 223 del dictamen, al plantear que se estableciera la redacción: “el juez o la jueza de lo familiar”, con el fin de mantener congruencia con recientes modificaciones legislativas aprobadas por el Congreso.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los integrantes presentes de las Comisiones participantes, por lo que el documento continuará el proceso legislativo correspondiente para su discusión ante el Pleno del Congreso del Estado.
En la reunión participaron integrantes de las cuatro Comisiones dictaminadoras: Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes; Justicia; Puntos Constitucionales y Gobernación; e Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión.
Información: Boletín de prensa
