El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves un dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa, con el propósito de fortalecer el combate a los delitos cibernéticos y garantizar una mayor protección a la privacidad, la dignidad y los datos personales de las víctimas.
El dictamen integra tres iniciativas presentadas por diputadas y diputados de las 64 y 65 Legislaturas, las cuales fueron analizadas de manera conjunta al coincidir en la necesidad de actualizar el marco jurídico estatal frente a las nuevas formas de violencia y delitos cometidos mediante el uso de las tecnologías de la información.
Entre las modificaciones aprobadas se contempla el fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con los delitos informáticos, incorporando conductas ilícitas cometidas a través de computadoras, dispositivos electrónicos, internet y otros medios digitales, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica y reforzar la protección de los derechos de las personas.
Asimismo, se establecen sanciones para las personas servidoras públicas que, fuera de los supuestos permitidos por la ley, difundan, revelen o compartan imágenes, videos o información relacionada con investigaciones penales o con cadáveres y sus lesiones, protegiendo con ello la dignidad de las víctimas y de sus familias, además de evitar su revictimización.
En el dictamen se señala que estas reformas responden al incremento de conductas delictivas cometidas mediante herramientas tecnológicas, así como a la necesidad de garantizar los derechos a la privacidad, la intimidad, la protección de datos personales y el libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en la Constitución y en diversos tratados internacionales.
Las y los integrantes de la Comisión de Justicia destacaron que la actualización del Código Penal permitirá atender con mayor eficacia los retos que representan los ciberdelitos y las nuevas modalidades de violencia digital, fortaleciendo la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos en Sinaloa.
