Un padre debería dar protección, responsabilidad y cuidado, pero en este caso se transforma en un concepto vacío que revela las grietas más profundas del sistema judicial mexicano. La historia de Gloria Valentina Méndez Arámbula no sólo expone la violencia ejercida por su ex pareja, Cristian Janet Montenegro Chairez, sino también una estructura institucional que parece incapaz de proteger a quienes más lo necesitan: mujeres y niñas atrapadas en procesos interminables.
Durante cuatro años, Gloria Valentina ha vivido con su vida judicializada. Cada semana implica audiencias, denuncias, carpetas de investigación y escritos legales que avanzan con una velocidad desigual. Mientras las acciones promovidas por su agresor prosperan, sus denuncias por violencia familiar parecen quedar suspendidas en un limbo administrativo que la revictimiza constantemente.
El conflicto comenzó con una frase devastadora. Padre fue la figura que decidió negar toda relación con su hija menor, renunciando a ella de palabra y por escrito, mientras utilizaba recursos legales para evadir responsabilidades económicas y emocionales. La paradoja jurídica se volvió aún más compleja cuando él modificó su identidad legal para eludir la obligación de pagar pensión alimentaria, una maniobra que dejó perplejas a las autoridades.
Gloria Valentina describe un escenario surrealista en los juzgados de Durango. En una audiencia, cuando solicitó perspectiva de género como víctima, su agresor exigió el mismo trato mostrando un acta de nacimiento modificada. El juez quedó en silencio. Padre dejó de ser reconocido como tal en el papel, pero continuó ejerciendo poder legal sobre la madre de la niña.
Con información de La Jornada
