Gerardo Mérida llegó por su propio pie a Estados Unidos, cruzó la garita migratoria de Nogales hacia Arizona y, desde ahí, se entregó a los Marshals, que lo llevaron hasta Nueva York; hoy empezó formalmente la negociación con los fiscales de Estados Unidos para entregar información a cambio de evitar un juicio.
En el mismo caso está quien fue secretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, quien huyó hacia Europa después de conocerse la acusación en su contra, pero, desde allá, viajó a Estados Unidos en busca de un acuerdo.
El general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa no cruzó al país que lo acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa para enfrentar un juicio, sino para contar lo que sabe, y para eso ya dio el primer paso; el 1 de junio, en su próxima audiencia, se revisará si la colaboración ha empezado a rendir frutos.
El arranque de esta etapa también permite a los fiscales y autoridades estadunidenses comenzar formalmente con el acusado la negociación de posibles acuerdos a cambio de modficiar su declaración a una de culpabilidad y, sobre todo, de aportar elementos o declaraciones que permitan procesar a otras personas de mayor nivel criminal.
En la audiencia —que tuvo lugar en el mismo edificio donde hace unas semanas fue presentado el expresidente venezolano Nicolas Maduro—, la jueza federal Sarah Netburn dio por bueno el cumplimiento de la orden de arresto girada en contra del exfuncionario mexicano, y ordenó su reclusión preventiva en la misma cárcel de Brooklyn donde hoy duermen personajes como Ismael El Mayo Zambada.
Tras conocer que se le responsabiliza de tres cargos federales —entre ellos, el de conspiración para introducir drogas a los Estados Unidos, que puede alcanzar una pena de por vida—, Mérida Sánchez se declaró no culpable de estos. Se trata de una declaración que es, en términos técnicos, un requisito para el caso entre en la fase previa al juicio.
En esta etapa, y como lo ordenó la jueza Netburn en una orden firmada ayer, los fiscales del Departamento de Justicia están obligados a entregar al acusado, a la máxima brevedad posible, todo el paquete de evidencia en su contra, con el cual pretenden demostrar su culpabilidad en un juicio.
De acuerdo con el pliego de la acusación (conocido en inglés como indictment), el general Mérida Sánchez, al igual que los otros acusados, actuaron con el consentimiento del gobernador del estado para proteger a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.
A cambio de su apoyo, en el periodo que fungió como secretario de Seguridad (2023-2024) la acusación señala que Mérida Sánchez recibió hasta 100 mil dólares en sobornos de parte del grupo criminal.
Al menos durante esta audiencia inicial Mérida Sánchez fue representado por un abogado de oficio designado específicamente por la corte federal.
No obstante, si así lo desea, podrá hacerse de los servicios de un abogado privado en cualquier momento.
Finalmente, la primera audiencia de revisión del proceso quedó programada para el próximo 1 de junio, la cual se realizará ante la jueza Katherine Polk Failla, que será la responsable de todo el caso.
Con información de Milenio
