La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) debe actualizar la norma que rige su vida interna para tener certeza jurídica en su actuación, advirtió la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Precisó que todas las universidades públicas autónomas en México deben armonizar sus leyes orgánicas con la Ley General de Educación Superior.
El Poder Legislativo en Sinaloa, recordó, derivado de la reforma educativa, realizó el proceso para emitir la Ley de Educación Superior del Estado.
Sin embargo, apuntó, se quedó inmerso en la circunstancia propiciada por la inconformidad de la UAS con algunos artículos de esta legislación.
Por ello, dijo, para poder avanzar hacia la reforma de la Ley Orgánica de la UAS, el Congreso tomó la determinación de desistir del recurso de revisión del amparo otorgado a la UAS, abriendo la posibilidad de un diálogo con las autoridades universitarias.
Sostuvo que aunque el Congreso de Sinaloa tiene la responsabilidad legislativa de emitir la Ley Orgánica de la UAS, no lo quiere hacer alejado de su comunidad universitaria por lo que insistió en el llamado al diálogo con la UAS.
“Necesitamos democratizarla, que observe el principio de paridad y mayor transparencia en el uso de los recursos”, dijo.
Informó que de las 36 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la UAS que actualmente se estudian para ser dictaminadas, 33 son ciudadanas y tres de personas legisladoras integrantes de la 64 Legislatura.
Gloria Himelda Félix Niebla insistió en que existen puentes de comunicación para que haya entendimiento, pero lamentó que no han tenido respuesta de las autoridades universitarias.
Señaló con extrañeza que luego de que el lunes pasado el Congreso del Estado notificó de su desistimiento a la UAS, el encargado del Despacho de Rectoría Robespierre Lizárraga, respondió el mismo día con oficio dirigido al gobernador Rubén Rocha Moya.
Advirtió que el Ejecutivo no podría acompañar en este tipo de decisiones a la UAS porque corresponden al Poder Legislativo.
Sostuvo que Robespierre Lizárraga trata de confundir a la sociedad y a la comunidad universitaria al pedir una mesa de diálogo con el Ejecutivo porque el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la UAS corresponde, única y exclusivamente al Poder Legislativo.
Advirtió que los procesos jurisdiccionales o causas penales corresponden a la Fiscalía y al Supremo Tribunal de Justicia.
“No comparto el cómo se ha tratado de mezclar en una sola bolsa”, comentó.
Afirmó que el Congreso del Estado busca el entendimiento para dar solución y certeza jurídica a la comunidad universitaria modernizando su marco jurídico para que este acorde a lo que exige la reforma educativa.
“Me llama mucho la atención que el rector en turno ha mencionado que es una persecución”, lamentó, al advertir que la armonización de las leyes orgánicas se realiza en todo México de acuerdo con la reforma de la educación superior.
“En Sinaloa ya aplicamos la Ley de Educación Superior que es vigente y es constitucional, porque también se ha tratado de distorsionar la vigencia de la ley y es aplicable”, aclaró, al precisar que son únicamente cinco artículos que son inaplicables para la UAS por una sentencia de amparo.
Subrayó que la cerrazón a nadie ayuda y no abona en lo que es el ejercicio de la política y la administración, por lo que insistió en el diálogo. “Tenemos una corresponsabilidad de cara a la sociedad y ellos también de cara a la comunidad universitaria”, concluyó.
